La ley está servida y con ella el visceral enfrentamiento que durante los últimos años han mantenido los operadores de juego privado tradicionales (bingos, casinos o tragaperras "presenciales") y las empresas que ofrecen sus servicios a través de los nuevos medios telemáticos (internet o el móvil).
El nuevo marco regulador del juego está casi a punto, y la Comisión de Economía del Congreso lo aprobará previsiblemente el martes, tras un fugaz paso por la ponencia que fue designada para estudiarlo.
El texto que ha presentado el Gobierno, que la citada Comisión aprobará el martes con competencia legislativa plena, y que enviará a continuación al Senado, va a ordenar por primera vez en España todas las modalidades de juego, incluidas aquéllas que han proliferado durante los últimos años de la mano de las nuevas tecnologías y que carecían de marco legal.
Las diferencias políticas entre los grupos se han plasmado en casi trescientas enmiendas parciales al texto del Gobierno (de momento sólo la mayoría de las propuestas del PSOE se han incorporado al texto), pero no existen discrepancias irreconciliables y tanto PP como CiU han expresado al PSOE su disposición a alcanzar un amplio acuerdo sobre el nuevo marco regulador.
No ha ocurrido lo mismo con la "industria" del juego, y las diferencias -cuando no el enfrentamiento e, incluso, las disputas legales- que durante los últimos años han existido se han radicalizado conforme avanzaba su tramitación primero en el seno del Gobierno y después en el Parlamento.
Un ejemplo: el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid verá este martes -coincidiendo con el final de la tramitación de la ley en el Congreso- la demanda que el grupo multinacional español Codere presentó contra la empresa de apuestas por internet Bwin y el Real Madrid, por considerar que su publicidad y sus promociones son "ilícitas".
La empresa Codere mantiene que los operadores de juego privado tradicional en España tienen muy restringida la publicidad, mientras que los nuevos operadores, a los que ellos llaman sin tapujos "ilegales", invierten cada año unos 100 millones de euros en actividades de patrocinio y publicidad.
Para defender sus posicionamientos, la necesidad de regular y ordenar el sector, y sobre todo para tratar que sus argumentaciones sean oídas, las partes han puesto sobre el tapete las cifras.
La Asociación Española de Apostadores por Internet (AEDAPI), entre cuyos socios figuran empresas como 888.com, Betfair, Bet365, o Unibet, ha subrayado que el sector del juego "on-line" generó el pasado año beneficios por un importe de 315 millones de euros (casi el veinte por ciento más que el año anterior).
Esas cifras evidencian, según esta asociación, el progresivo aumento de los beneficios durante los últimos años: 175 millones de euros en el año 2007; 211 millones en 2008; 264 en el año 2009; y 315 millones de euros en 2010.
Estas modalidades de juego "on-line", entre los que destacan las apuestas deportivas y algunas muy específicas como el póquer, han conseguido atraer, según la AEDAPI, a unos 400.000 usuarios en España durante los últimos años.
Muchas de esas empresas se han popularizado además gracias a la publicidad y al patrocinio, sobre todo de equipos de fútbol de primera división, ya que los nombres de Bwin, Unibet, Betfair, Interapuestas o 12bet van hoy ligados a clubes como el Real Madrid, Valencia, Barcelona, Español o Sevilla.
Desde el otro lado del sector se observan con recelo esos datos, sobre todo porque la mayoría de esas empresas operan desde paraísos fiscales y no generan ni puestos de trabajo ni riqueza en España.
Y contrastan esos datos con los del juego privado tradicional: un volumen de negocio que ronda los 30.000 millones de euros anuales; unos 100.000 empleos, y 1.700 millones en concepto de "tasas de juego" que ingresa cada año Hacienda.
Antes de dar carpetazo a la nueva ley, los diputados han escuchado en sede parlamentaria estos argumentos, pero también los de psiquiatras o los de jugadores rehabilitados, porque la ley, además de regular el sector, pretende sobre todo ofrecer garantías jurídicas a los usuarios y proteger a los menores de edad y a las personas (unas 40.000 en España) que voluntariamente han pedido que no se les permita tener acceso al juego para prevenir situaciones de ludopatía.
Entre los aspectos destacados de la ley figura también que reserva en exclusiva el juego de loterías de ámbito estatal a Loterías y Apuestas del Estado -que se ha transformado en Sociedad Estatal y que se va a privatizar en un 30 por ciento- y a la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE).
Las sanciones económicas previstas en el texto de la ley oscilan entre 100.000 euros para las leves hasta los 50 millones para las "muy graves", entre las que figura ofrecer juegos sin tener licencia para ello o manipular los sistemas técnicos que se hubieran homologado para obtener los premios.
