El Gobierno tiene previsto aprobar el proyecto de Ley del Juego, que recoge novedades como la cesión de competencias financiación proveniente de los nuevos impuestos sobre el juego "online" a las comunidades autónomas.
El último borrador del proyecto de Ley del Juego establece una regulación negocio del juego en España que incluye nuevos impuestos y salvaguardas para colectivos más sensibles, como los menores o las personas con ludopatía, así como la creación de la Comisión Nacional del Juego como órgano encargado de supervisar el sector.
En el borrador de anteproyecto que estudió el Consejo de Ministros en septiembre de 2010, el Gobierno recuperaba para el Estado competencias en materia de juego que actualmente están en manos de las comunidades autónomas. Además, otorgaba a la nueva Comisión Nacional del Juego capacidad de tomar decisiones que también forman parte de las competencias autonómicas, lo que generó "mucha tensión" entre los responsables autonómicos, según han explicado a Europa Press fuentes del sector.
No obstante, en una reunión celebrada el jueves pasado, en la que intervinieron representantes de las comunidades autónomas y del Gobierno, el Ejecutivo decidió quitar algunas competencias que había otorgado a la Comisión Nacional del Juego en favor de las comunidades autónomas, y les ha entregado a éstas casi la totalidad de lo recaudado con los nuevos impuestos que van a gravar las apuestas online.
Concretamente, en el último borrador del proyecto de Ley se plantea un modelo similar al del sector energético, en donde existe una Comisión Nacional de la Energía (CNE), que supervisa la actividad de los operadores, pero que no tiene capacidad para fijar la política energética, que depende del Gobierno. De esta manera, en el sector del juego convivirá un órgano supervisor, la Comisión Nacional del Juego, con una Conferencia Sectorial, en el que estarán presentes las CC.AA. y el Estado, y será una órgano más político.
Así, frente a la primeras propuestas del Ejecutivo, en las que la Comisión Nacional del Juego era un órgano que reunía todas estas competencia, en la última propuesta del Gobierno, ese órgano competirá competencias con la Conferencia Sectorial, que será la que se encargue de aprobar nuevas modalidades de juego o modificar la fiscalidad sobre los tipos de apuestas, entre otros temas.
Además, mientras que en los primeros borradores el Ejecutivo barajaba un futuro en el que el Estado y las comunidades autónomas se repartían al 50 por ciento lo recaudado por los nuevos impuestos a las apuestas online, el Ejecutivo ha decidido finalmente entregar la mayoría de esa recaudación a las autonomías.
Así, cada comunidad autónoma recaudará los impuestos generados por los usuarios que apuestan desde su territorio, cualesquiera que sea la página web en que se meta, siempre que tenga licencia para operar en España. Mientras, el Estado recaudará lo generado por los usuarios que jueguen en páginas web de operadores con licencia en España desde fuera del territorio español.
El director de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), Gonzalo Fernández, ya advirtió en los Desayunos Deportivos de Europa Press que "toda la recaudación fiscal, tributaria, que genere el nuevo mercado, entendiendo por tal los nuevos canales y las nuevas modalidades de juegos y apuestas, salvo gastos, va a las comunidades autónomas".
CRÍTICAS DEL SECTOR
El sector, que llevaba demandando una regulación desde hace tiempo, aplaude que finalmente el Gobierno presente una ley, pero, desde diversas asociaciones y compañías, se critica la falta de comunicación que ha habido con las empresas, que o bien mediante licencias, como es el caso de los bingos, o bien de facto, pero sin licencia, como es el caso de las casas de apuestas online que tienen su sede en otros países, están operando ya en España.
Uno de los aspectos más criticados del proyecto de Ley tanto por las empresas de juego presencial como por los nuevos operadores de apuestas online es la base sobre la que se van a calcular los nuevos impuestos. Así, el Gobierno ha propuesto que los impuestos que tendrán que pagar los operadores después de que se apruebe la ley se calcule sobre los ingresos brutos que tienen por su negocio, mientras que desde el sector se pide que se calcule sobre los ingresos que obtienen las compañías después de restar lo que devuelven en premios a los jugadores.
En este sentido, fuentes del sector explican que en algunos juegos por cada 100 euros que el usuario juega, se devuelven 80 en premios, por lo que si los impuestos se calculan sobre los 100 euros, "el negocio es imposible". Por ello, desde las empresas de juego, tanto presenciales como online, abogan por una fiscalidad basada en los ingresos netos, similar a la que se aplica en Gran Bretaña o en Italia.
Por otro lado, desde el sector del juego presencial, como los casinos o los bingos, no se entiende que LAE se haya reservado en el proyecto de Ley el negocio de la lotería, que no podrá organizar ningún operador privado, y la indefinición del texto redactado por el Gobierno sobre lo que puede ser considerado como lotería y lo que no.
Asimismo, se critica que en el proyecto no se contemplen medidas para eliminar la ventaja que han logrado las casas de apuestas "online" estos años, que han estado operando sin pagar impuestos en España porque no había una Ley que regulara este tipo de negocios y piden, entre otras medidas, que se obligue a estas compañías a eliminar su base de datos de clientes.
