El departamento de Cristóbal Montoro se enfrenta con las comunidades autónomas, a las que trata de imponer un nuevo sistema de juego telemático de libre acceso en locales de hostelería.
El Ministerio de Hacienda pretende liberalizar la venta de loterías mediante la instalación de terminales de venta en bares y locales de hostelería, lo que ha provocado la reacción de la mayoría de las comunidades autónomas por dos motivos: el eventual riesgo de fomentar tendencias ludopáticas en algunos sectores de la población –especialmente los más jóvenes, por ser locales de libre acceso- y los intentos de invasión competencial, ya que, hasta ahora, el control de los locales de juego es una responsabilidad autonómica.
Concretamente, Hacienda quiere impulsar la instalación de terminales de venta del Servicio Estatal de Loterías en bares y otro tipo de establecimiento desde los que, entre otros productos, se venderían boletos de lotería rápida.
Su objetivo con este tipo de productos es aumentar los magros ingresos que ya le proporcionan las apuestas.
Además del 20% de los premios de más de 2.500 euros en los juegos de azar, el Estado se lleva entre el 30% y el 45% de la recaudación de los estatales, lo que le supone una tajada de más de 2.400 millones de euros ya que cada año se mueven casi 9.000 millones entre la lotería (4.841), la Primitiva y similares (3.561) y las quinielas de fútbol e hípica (277), según la última memoria anual de la Dirección General de Ordenación del Juego , con datos de 2015.
4.000 millones al año por internet
El volumen de negocio del azar, y también el de los productos estatales, comenzó a repuntar en 2015, cuando, tras cuatro años de retroceso, alcanzó los 33.396 millones de euros, con un peso creciente del llamado “juego no presencial”, que supera la cuarta parte de esa cifra y en el que destaca el juego online con 8.562 millones.
El grueso de ese último volumen, que dejó un margen de 319,5 millones tras repartir 8.243 en premios, se genera en envites prácticamente instantáneos como las apuestas deportivas (48,84%), un dato que ha llamado la atención de Hacienda, que no quiere trabas para su iniciativa de instalar terminales en bares y establecimientos de hostelería para participar en ese margen y aumentar sus ingresos por la tributación de los premios.
Concretamente, las apuestas deportivas por internet movieron 4.091 millones de euros en 2015, con lo que triplicaron el volumen de negocio de las ruletas (1.513) y el póquer cash (1.219) y pulverizaron el de otras especialidades como el blackjack (610), los torneos de póquer (563) o las tragaperras online (401). Entre las cuatro repartieron premios por 7.163, parte de los cuales fueron a parar al fisco en forma de impuestos.
¿Quién debe autorizarlos?
Hace unos días, en la última reunión del Consejo de Políticas de Juego, sus representantes insistieron en defender la “imposibilidad de sujetar los juegos de competencia estatal a autorización de la correspondiente comunidad”; es decir, en supeditar únicamente a su propia autorización la instalación de esos nuevos terminales y en dejar a las autonomías al margen del procedimiento.
El ministerio de Cristóbal Montoro basa su postura en la interpretación que el Supremo en 2015 y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 2013 hicieron del apartado 5 de la disposición adicional primera de la Ley de Regulación del Juego , que exime del permiso autonómico la apertura de locales por parte de Loterías, y también de la Once, para comercializar “juegos sujetos al régimen de reserva” en “billetes, boletos o cualquier otra forma de participación”, en soporte “material, informático, telemático, telefónico o interactivo” y distribuidos “directamente o a través de cualquier establecimiento de su red comercial externa”.
Hacienda se apoya también en un informe de la Abogacía del Estado, que hace unas semanas cambió el criterio por el que en 2011 se opuso a que la Once pudiera instalar terminales de juego en establecimientos de hostelería si no obtenía previamente la autorización de las comunidades, ya que bares, restaurantes y cafeterías “no tienen la consideración propia de establecimientos de la red comercial externa de la Once”.
Cambio de criterio en la Abogacía del Estado
Sin embargo, a finales de febrero emitió otro dictamen según el cual “la apertura de locales comerciales o la instalación de equipos informáticos en cualesquiera establecimientos cuando permitan la comercialización de juegos de lotería no está sujeta a autorización autonómica alguna”.
Mantenía también que el preceptivo visto bueno de las comunidades “no alcanza a la autorización para la instalación de equipos informáticos que permitan tales juegos” cuando se trate de envites reservados a Loterías.
“Lo anterior supone que las comunidades autónomas no pueden limitar el número y lugar de los equipos informáticos y locales presenciales donde se comercializan los juegos” reservados al Estado, resume la Abogacía, que matiza que ese permiso solo sería necesario para determinar “el número y lugar de otro tipo de sistemas de juego gestionados por operadores que sí estén sujetos a su previa autorización por el hecho de que existan ya en el mismo establecimiento puntos de venta de juegos reservados”.
“Un juego mucho más potente”
Así, los representantes de Hacienda han pedido formalmente a los de las comunidades que despejen el camino para instalar las nuevas terminales de lotería exprés “respetando la línea marcada” por el Supremo y el Tribunal Superior de Andalucía sobre las “exenciones de autorización administrativa autonómica” para “juegos reservados, incluyendo instalación de terminales en cualquier tipo de establecimiento”, y para “apertura de locales abiertos al público destinados a la comercialización de los juegos que gestionan” Loterías y la Once.
La iniciativa del Ministerio de Hacienda tiene la oposición de la práctica totalidad de las comunidades autónomas, sin distinción política.
Así, mientras la valenciana o la catalana mantienen que el Gobierno central carece de competencias para desplegar un sistema de juego de este tipo, otras gobernadas por el PP como la madrileña califican la iniciativa de “competencia desleal” al tratarse de “un juego mucho más potente” que los autorizados hasta ahora y algunas como Aragón llaman la atención sobre los riesgos que una iniciativa de este tipo entraña ante problemáticas como la ludopatía.
