Cuando una clienta le denunció, reveló que había calcado el sistema con otras siete personas que no sabían que les faltaba dinero
Tábara en Zamora, tiene poco más de 700 habitantes. Todos se conocen y el director de la sucursal del Banco Popular del pueblo no era una excepción. Esa confianza se encuentra en el origen de los hechos que le han conducido a una condena por sustraer durante años elevadas cantidades de las cuentas de al menos ocho de sus clientes más ancianos. El banquero se apropió de casi 700.000 euros de sus ahorros para destinarlos al juego. Sufría un trastorno de ludopatía que ha sido esgrimido a su favor para atenuar la pena.
El acusado, que no tenía antecedentes penales, fue durante cinco años el único empleado de la entidad. La denuncia de una de las afectadas puso fin, en enero de 2020, a las sustracciones repetidas de cantidades variables. Cuando se destapó este caso, reconoció lo que estaba haciendo y, aunque solo había sido denunciado por la desaparición de cantidades de una cuenta, reveló que había calcado el sistema con otras siete personas. "De las restantes apropiaciones no se tenía noticia hasta entonces", dice la sentencia.
Según explican los hechos probados, su sucursal mantenía las cuentas de algunos clientes a los que le unía una especial confianza. "Varios de ellos eran de avanzada edad y escasa formación", dice la resolución. El empleado consideró que estos dos factores —la confianza y la edad— favorecerían sus intenciones y que lograría ocultar a estos clientes las disposiciones del dinero que tenían depositado en la entidad crediticia. Fue sustrayendo pequeñas cantidades cada vez para evitar sospechas, simulando para ello su firma o incluso realizando un simple garabato que justificara el apunte contable. "Con estos importes satisfacía su adicción a juegos de azar, que le producía una minoración de su voluntad", asegura la sentencia.
"Cuando le preguntaban por su cartilla, inventaba pretextos para no entregarla. Una de las víctimas dijo en el juicio que le tenía "retenida" la cartilla y otro explicó que le prometía enviarle los justificantes y datos y nunca lo hacía. Otros dos declararon que no se dieron cuenta de la falta del dinero hasta que les llamó la Guardia Civil. La cantidad total que se quedó entre 2015 y 2020 fue de 681.635 euros. En tres de los casos las cantidades sumadas superaron los 100.000 euros y en uno llegaron a rozar los 200.000. Después de destaparse lo sucedido, el Banco Santander, que adquirió el Popular, indemnizó a todos los afectados e inició acciones legales contra el empleado, al que reclama la totalidad de la suma sustraída de las cuentas.
Las atenuantes
La pena se ha reducido por dos circunstancias. El primer lugar, el tribunal ha tenido en cuenta la atenuante de confesión. Indica que colaboró con la entidad bancaria para identificar todas las apropiaciones y falsificaciones, facilitó una lista de los perjudicados e incluso admitió disposiciones en efectivo, lo que favoreció "una pronta reparación a los clientes". Por otra parte, se ha atendido a su ludopatía, para la que está recibiendo tratamiento.
Se ha rechazado, sin embargo, la atenuante de reparación del daño, ya que no ha logrado aportar cantidades suficientes para compensar los casi 700.000 euros que sustrajo. Entregó al Santander un fondo de pensiones de 12.000 euros y ha ido entregando pequeñas cantidades de forma mensual. Tras esta valoración, el tribunal le condena por un delito continuado de apropiación indebida en concurso medial con un delito continuado de falsificación de documento mercantil a la pena de un año y 11 meses de prisión.